La documentación entregada ante la Oficina Anticorrupción reavivó cuestionamientos debido a diferencias entre los bienes originalmente declarados y los activos que ahora fueron incorporados.
El aspecto más relevante de la nueva presentación es la inclusión de más de 500 mil dólares que no figuraban en las declaraciones anteriores. Según explicó el propio jefe de Gabinete, se trata de aproximadamente u$s513.000 obtenidos a partir de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, además de ahorros acumulados junto a su esposa durante años de actividad en el sector privado.
La situación generó cuestionamientos porque durante meses el funcionario sostuvo públicamente que había declarado la totalidad de sus bienes. Sin embargo, con esta rectificación reconoció la existencia de fondos que no habían sido informados previamente y que ahora debieron incorporarse a su patrimonio declarado.
Otro de los puntos que despertó interrogantes fue el momento elegido para presentar la documentación. Desde el Gobierno se había anticipado semanas atrás que la regularización estaba prácticamente terminada y que sería presentada de forma anticipada para despejar dudas. Sin embargo, la entrega efectiva se concretó recién después de que avanzaran tanto la investigación judicial como los cuestionamientos políticos.
Tanto en el Congreso como en distintas conferencias de prensa brindadas en Casa Rosada, Adorni había defendido la legalidad de su situación patrimonial. En varias oportunidades aseguró que “estaba todo en regla” y rechazó la existencia de inconsistencias en las declaraciones presentadas ante los organismos de control.
La magnitud de la diferencia también quedó bajo análisis. Mientras que en su declaración original como funcionario figuraban bienes valuados en alrededor de u$s24.000, la incorporación de los nuevos fondos eleva el patrimonio informado para ese mismo período a más de u$s530.000.
La explicación brindada por el funcionario tampoco pasó inadvertida. Durante una entrevista televisiva afirmó que él y su esposa “ahorraron en negro, como la mayoría de los argentinos”, una frase que generó fuertes repercusiones políticas y que volvió a poner el foco sobre la procedencia y la falta de declaración previa de esos recursos.
A este escenario se sumó la decisión de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la denominada Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el propio Gobierno nacional. Tanto Adorni como su esposa realizaron ese trámite prácticamente en simultáneo con la regularización patrimonial, situación que alimentó críticas desde distintos sectores de la oposición.
Desde el oficialismo sostienen que se trata de una cuestión exclusivamente tributaria y remarcan que los fondos poseen un origen lícito. Sin embargo, el eje de la discusión política continúa centrado en las razones por las cuales esos activos no aparecieron en las declaraciones originales y en las diferencias entre las explicaciones brindadas a lo largo de los últimos meses.
Mientras tanto, la causa por presunto enriquecimiento ilícito sigue en trámite en los tribunales federales. La investigación busca reconstruir la evolución patrimonial del jefe de Gabinete mediante el análisis de bienes, movimientos financieros y operaciones económicas para determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado.
Aunque el Gobierno apuesta a que las rectificaciones permitan dar por terminado el debate, la aparición de nuevas inconsistencias entre las declaraciones originales, las explicaciones públicas y la documentación recientemente incorporada mantiene abierto un tema que el oficialismo pretendía dejar atrás.