La decisión fue oficializada mediante una resolución conjunta del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial, firmada por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
En los fundamentos de la medida se reconoció que el organismo atraviesa una situación financiera crítica, por lo que se resolvió otorgar un aporte financiero reintegrable destinado a cubrir compromisos asumidos con prestadores y proveedores y asegurar la continuidad de las prestaciones y servicios.
Para concretar la asistencia se dispuso ampliar la emisión de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAP), divididas en tres tramos con vencimientos previstos para el 31 de julio, 31 de agosto y 30 de septiembre de 2026. Los montos serán distribuidos en partidas cercanas a $173 mil millones, $164 mil millones y $187 mil millones, respectivamente.
La normativa también habilita a la Oficina Nacional de Crédito Público a avanzar con la documentación necesaria para implementar la operación.
Días atrás, el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, reconoció que el instituto enfrenta una situación de estrés financiero, aunque rechazó que exista un escenario de colapso o interrupción del sistema de pagos.
Según explicó, el principal desafío está asociado al crecimiento sostenido de la demanda producto del envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas y el mayor costo de medicamentos y tratamientos.
Leguízamo remarcó además que el financiamiento del organismo se sostiene con aportes y contribuciones de trabajadores activos y jubilados, diferenciándolo del presupuesto del Ministerio de Salud.
En paralelo, la situación del sistema derivó en presentaciones judiciales. Esta semana, un juzgado federal de Córdoba dictó una medida cautelar contra PAMI y el programa Incluir Salud, ordenando regularizar pagos a prestadores vinculados a la atención de personas con discapacidad en un plazo de 72 horas.