La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) intimó a trabajadores de la Unidad Turística de Chapadmalal a abandonar las viviendas del complejo en un plazo de 10 días corridos, en el marco del plan del Gobierno nacional de avanzar con una concesión del predio por 30 años.
La notificación fue entregada en mano a empleados encargados del mantenimiento de los hoteles, y alcanza a más de 30 familias que residen en el lugar desde hace décadas. Según indicaron, muchos de ellos habitan los pabellones desde hace más de 20 años, como parte de sus condiciones laborales.
Desde el sector de trabajadores, la medida generó un fuerte rechazo. Florencia Marco Ruiz, delegada de ATE, aseguró, en diálogo con Radio Brisas, que la situación es “desesperante” y cuestionó el contenido del acta. “No somos intrusos. Firmamos actas oficiales con tres jefes de Turismo. Es parte de nuestro trabajo esa vivienda”, afirmó.
En ese sentido, explicó que las casas fueron otorgadas como parte del vínculo laboral con el Estado y advirtió sobre la dificultad de afrontar un traslado: “El compañero que menos cobra son 500 mil pesos y el que más cobra no llega al millón”.
El conflicto se da en paralelo con la iniciativa del Gobierno nacional de concesionar por 30 años la unidad turística, que incluye los históricos hoteles del complejo. El anuncio había sido realizado el 25 de marzo por el vocero presidencial, quien sostuvo que se busca atraer inversión privada y reducir el costo de mantenimiento estatal.
Desde el oficialismo nacional también sostienen que el Estado “no debe proveer servicios hoteleros”, en línea con una política de reducción de su participación en actividades económicas.
Ante este escenario, los trabajadores enviaron notas a la Jefatura de Gabinete y a la Secretaría de Turismo para solicitar explicaciones, aunque aseguraron que aún no recibieron respuestas.
La delegada gremial vinculó directamente la intimación con el proceso de concesión: “Quieren concesionar la unidad turística. Quieren agarrar todo y dejarnos en la calle”, denunció. Además, remarcó que la AABE “no es nuestro empleador”.
El acta fija un plazo de 10 días para desalojar, lo que derivó en el inicio de gestiones legales por parte de los afectados. “Nos vamos a defender”, adelantó Marco Ruiz, quien también fue tajante respecto a la postura del grupo: “No vamos a entregar las viviendas. No vamos a aceptar que nos apuren sin ninguna firma de un juez”.
Actualmente, el conflicto involucra alrededor de 50 viviendas dentro del complejo y podría escalar en los próximos días si no hay definiciones por parte de las autoridades.