El operativo realizado este miércoles en la Rambla de Mar del Plata derivó en el desalojo durante la madrugada de la feria conocida como “La Saladita de la Bristol”, ubicada junto a la playa Popular.
El procedimiento se inició con un fuerte despliegue de Prefectura Naval Argentina e Inspección General, en el marco de una orden judicial por presunta infracción a la Ley de Marcas, vinculada a la comercialización de productos con logos y etiquetas apócrifas.
Con el avance de las horas, la intervención no solo incluyó el secuestro de mercadería, sino también el retiro de los puestos instalados en el lugar, lo que generó cuestionamientos entre los vendedores. Feriantes y trabajadores denunciaron que la medida terminó siendo un “desalojo disfrazado”, al sostener que no se habría presentado una orden específica para llevar adelante esa acción.
Según relataron, personal de las fuerzas de seguridad y del área municipal avanzó con el desmantelamiento del paseo comercial informal, lo que provocó tensión y malestar entre quienes desarrollaban su actividad en la zona.
El conflicto ocurre en un contexto de mayores controles sobre la venta ambulante en sectores turísticos clave, como la Rambla, donde en los últimos meses se intensificaron los operativos contra la venta ilegal.
En paralelo, desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) reiteraron que el comercio informal en la ciudad es un problema de gran magnitud, que afecta a los comerciantes que cumplen con la normativa vigente. La entidad recordó que ya había advertido sobre la Rambla como uno de los principales focos, junto con Plaza Rocha, la peatonal San Martín y el frente costero.
Si bien valoraron la intervención judicial y el accionar de las fuerzas de seguridad, señalaron que se trata de respuestas puntuales que no resuelven el problema de fondo. En ese sentido, insistieron en la necesidad de políticas públicas sostenidas, controles permanentes y coordinación entre distintos niveles del Estado.
Tras el desalojo concretado durante la madrugada, aún no está definido qué ocurrirá con los feriantes ni si podrán volver a instalarse en el lugar o si la medida implica el cierre definitivo de la feria.