El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de apertura de documentos de inteligencia correspondientes al período 1973-1983 y difundió un primer conjunto de archivos oficiales elaborados durante esos años.
La medida fue ejecutada por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), en el marco de una disposición del presidente Javier Milei, y se da en la antesala de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976.
Desde el organismo explicaron que la iniciativa “tiene un carácter ético, político y social”, y que puede contribuir “a consolidar la confianza pública, legitimar el rol del Estado y aportar información relevante en un contexto donde la desinformación y las interpretaciones erróneas afectan la comprensión del pasado reciente”.
En esta primera etapa se publicaron 26 documentos que reúnen un total de 492 páginas, junto con una guía explicativa para facilitar su interpretación. El material incluye resoluciones, informes, memorandos, circulares y directivas producidas entre el 1 de enero de 1973 y el 10 de diciembre de 1983.
Los archivos fueron organizados en carpetas temáticas, siguiendo criterios de relevancia institucional e histórica, con el objetivo de ordenar su análisis por parte de investigadores, periodistas y el público en general.
La documentación ya se encuentra disponible para su consulta en el sitio oficial del organismo y también será difundida a través de sus redes sociales.
En paralelo, la SIDE elaboró una “Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos”, destinada a brindar contexto y herramientas de lectura para comprender el contenido difundido.
Según se informó, el proceso incluye la preservación del material y su posterior transferencia al Archivo General de la Nación, como parte de una política orientada a ampliar el acceso a la información pública.
Desde la Secretaría indicaron además que esperan que la difusión progresiva de estos archivos resulte de utilidad para historiadores, comunicadores y ciudadanos interesados, y destacaron que el acceso a este tipo de documentos “puede representar un aporte significativo del Estado para la ciudadanía en general”.