La Corte Suprema de Justicia de la Nación impulsó la realización de un simulacro de emergencia en los Tribunales Federales de Comodoro Py, donde se puso a prueba el Plan Director de Emergencias de la Ciudad ante un escenario con múltiples víctimas.
Del operativo participaron integrantes del Cuerpo Médico Forense y de la Morgue Judicial de la Corte, junto a personal del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y fuerzas federales.
El ejercicio se desarrolló en el estacionamiento de los tribunales, una vez finalizado el horario de atención al público, y recreó la caída de un helicóptero en las inmediaciones del edificio judicial, con un escenario hipotético de 20 heridos y 10 fallecidos.
La actividad se realizó en cumplimiento de lo dispuesto por la Acordada 36/2007 de la Corte Suprema, que creó una red institucional para afrontar potenciales situaciones trágicas que requieran la intervención de la Justicia.
Durante el simulacro se activó el Plan Director de Emergencias de la Ciudad, que establece el marco de actuación para gestionar amenazas, riesgos y desastres mediante la coordinación de recursos humanos y materiales.
En el despliegue participaron Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, el SAME, el área Cementerios, la Policía Federal, la Agencia Federal de Emergencias y personal de la Corte Suprema, quienes coordinaron el operativo junto al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, juez Diego Barroetaveña.
El ejercicio tuvo una duración de 35 minutos, desde la llegada de los primeros equipos hasta la evacuación de todas las víctimas simuladas.
El procedimiento se inició tras una alerta en el Sistema de Atención de Emergencias de la Ciudad, lo que activó el despliegue policial, la delimitación del perímetro y la evaluación inicial de la situación.
Posteriormente intervinieron Bomberos de la Ciudad y de la Policía Federal, que trabajaron en la zona de impacto y realizaron la extracción de las víctimas.
Los heridos del simulacro —representados por cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública— fueron identificados con pulseras de clasificación Triage con código QR y trasladados por el SAME en ambulancias y evacuación aérea a hospitales públicos.
En paralelo, Defensa Civil instaló una carpa operativa para el tratamiento de víctimas fatales, donde personal de Policía Científica realizó tareas de identificación preliminar, registro fotográfico y etiquetado con pulseras negras con código QR.
Los cuerpos simulados fueron derivados al Cementerio de la Chacarita, donde se instaló una morgue sustituta antes de su traslado a la Morgue Judicial para las autopsias correspondientes por parte del Cuerpo Médico Forense.
También participó la División K9 de Bomberos de la Ciudad, que recorrió distintos sectores del edificio para detectar posibles víctimas o amenazas explosivas.
Durante todo el ejercicio se cronometraron las etapas del operativo y se registró el procedimiento mediante cámaras, además de utilizarse el camión judicial.
El dispositivo incluyó además la activación del Centro Cultural Carlos Gardel como espacio de recepción y contención para familiares de las víctimas, donde se instaló un centro de asistencia con información oficial, acompañamiento psicológico y orientación administrativa y judicial.
Este tipo de procedimientos se enmarca en el protocolo creado por la Acordada 36/2007, implementado tras la tragedia de República Cromañón, y que también fue aplicado en emergencias reales como el choque ferroviario de la estación Once.
Desde 2024, el máximo tribunal impulsa la actualización de estos protocolos mediante capacitaciones y ejercicios destinados a mejorar la coordinación entre organismos y la respuesta ante eventos críticos.