Los diputados nacionales de Unión por la Patria, Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades vinculadas al funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la difusión de datos oficiales.
La presentación judicial incluye acusaciones por violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157), falsificación de documentos públicos (art. 293) y violación del secreto estadístico, contemplado en el artículo 17 de la Ley 17.622.
Según plantearon los legisladores, el ministro habría dispuesto mantener el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una metodología basada en componentes considerados desactualizados, pese a que el INDEC había resuelto en octubre de 2025 aplicar una nueva forma de cálculo a partir de enero de 2026. De acuerdo con lo expresado públicamente por Caputo, la postergación del nuevo índice estaría vinculada al proceso de recomposición tarifaria y su impacto en los precios.
En declaraciones difundidas este viernes, la diputada Julia Strada sostuvo que esa decisión sería contraria a la Ley 17.622, que regula el funcionamiento del sistema estadístico nacional, y consideró que podría implicar un abuso de autoridad. Además, afirmó que la metodología utilizada para calcular el IPC tiene efectos directos en la actualización de jubilaciones y pensiones, asignaciones sociales y negociaciones paritarias.
La denuncia también hace referencia a un mensaje publicado por el ministro en la red social X, en el que reconoció diferencias en la variación del IPC según la metodología aplicada y anticipó el resultado correspondiente a enero de 2026 antes de su difusión oficial. Para los diputados, ese hecho podría constituir una vulneración del secreto estadístico, previsto en los artículos 13 y 17 de la Ley 17.622.
Strada señaló que el IPC es uno de los indicadores centrales del sistema estadístico nacional, con incidencia en contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas y decisiones financieras, y remarcó que la normativa vigente busca garantizar la independencia técnica del organismo estadístico. “Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento”, expresó.
Hasta el momento, el Ministerio de Economía no se había pronunciado oficialmente sobre la denuncia.