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El Gobierno modificó por DNU la Ley de Inteligencia y reordenó el funcionamiento del sistema

Por Redacción

Viernes, 02 de enero de 2026 a las 06:00

El Poder Ejecutivo dispuso una profunda reforma del sistema de inteligencia nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida introduce cambios de fondo en la Ley 25.520 y redefine el papel de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que pasa a concentrar la conducción estratégica del esquema.

Según se explica en los considerandos, el objetivo es simplificar estructuras, evitar duplicaciones, fortalecer controles y adaptar el sistema a un escenario marcado por desafíos tecnológicos, criminales y geopolíticos. El Gobierno argumentó que la urgencia del contexto impedía esperar el tratamiento parlamentario ordinario.

Entre las novedades más relevantes aparece la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un espacio permanente que integrará a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, áreas de inteligencia de fuerzas armadas, policiales y de seguridad federales, además de otros entes estatales vinculados. Este ámbito quedará bajo la órbita directa de la SIDE, que coordinará y centralizará la producción de inteligencia estratégica.

A la par, se conforma la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integrada por ministerios y organismos que, sin producir inteligencia en sentido estricto, aportarán datos y análisis para la planificación estatal. Entre ellos figuran Cancillería, Justicia, Seguridad, el Renaper, Migraciones, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Aduana, entre otros.

SEPARACIÓN ENTRE CIBERSEGURIDAD Y CIBERINTELIGENCIA

El DNU también introduce una división formal entre ambas áreas. Se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que funcionará de manera descentralizada dentro de la Jefatura de Gabinete, con competencia sobre protección del ciberespacio, infraestructuras críticas y activos digitales estratégicos.

A su vez, la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a llamarse Agencia Federal de Ciberinteligencia y se enfocará exclusivamente en la obtención y producción de inteligencia en el ámbito digital.

CONTRAINTELIGENCIA Y NUEVO ENFOQUE OPERATIVO

Otro punto destacado es la redefinición de la Agencia de Seguridad Nacional, que adopta el nombre de Agencia Nacional de Contrainteligencia. Sus tareas quedarán orientadas a detectar y prevenir amenazas vinculadas a espionaje, sabotaje o injerencia extranjera, evitando superposiciones con funciones de investigación criminal que corresponden a otras fuerzas.

La norma incorpora, por primera vez, una definición detallada de contrainteligencia en la ley y obliga a todo el Sector Público Nacional a aplicar medidas de seguridad pasiva bajo responsabilidad de cada organismo.

CAMBIOS EN EL ÁREA MILITAR Y NUEVOS MECANISMOS DE CONTROL

El decreto dispone además la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y el traspaso de sus funciones al Estado Mayor Conjunto, con el fin de unificar capacidades y reducir estructuras paralelas.

En materia de control interno, la División de Asuntos Internos pasará a llamarse Inspectoría General de Inteligencia, con mayores facultades para auditar recursos, evaluar desempeño operativo y revisar la articulación entre organismos.

MAYOR PODER PARA LA SIDE

La SIDE queda formalmente establecida como autoridad superior del sistema. Tendrá potestad para aprobar presupuestos, supervisar los gastos —incluidos los reservados— y designar o remover autoridades de los organismos desconcentrados.

El decreto también habilita a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las fuerzas armadas y de seguridad, previa autorización del Secretario de Inteligencia. Asimismo, determina que todas las actividades del área mantienen carácter encubierto por su sensibilidad.

El DNU ya fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez. Hasta entonces, el Gobierno avanza con una de las reformas más amplias del sistema de inteligencia desde 2001, bajo el argumento de mejorar coordinación, eficiencia y control democrático.