El juez federal Martín Cormick dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Seguridad que habilitaba el protocolo antipiquetes aplicado en marchas y cortes de calle.
El magistrado sostuvo que el Ejecutivo se atribuyó facultades que corresponden al Congreso y que el protocolo restringía derechos constitucionales como la libertad de expresión, reunión y protesta.
El fallo cuestionó que se ordenara actuar ante un corte de calle como “delito flagrante”, al considerar que la protesta social no puede equipararse automáticamente a un ilícito penal.
También observó que el protocolo permitía tareas de identificación, filmación y recolección de datos sobre manifestantes, algo que choca con la Ley de Inteligencia Nacional.
El juez destacó la falta de pautas para proteger a grupos vulnerables como jubilados, niños y personas con discapacidad presentes en movilizaciones.
Tras conocerse la decisión, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad cuestionó el fallo y defendió el protocolo: afirmó que fue validado por numerosos jueces, que cuenta con respaldo social y que permitió “recuperar el orden” desde el inicio de la gestión.
"¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno" afirmó Bullrich en su descargo vía redes sociales.
La senadora señaló que quienes celebran la medida son “los que viven del caos y la extorsión” y ratificó que “el orden no se negocia” y que no darán “ni un paso atrás”.
La Justicia ordenó al Ministerio de Seguridad abstenerse de aplicar nuevamente el protocolo y adecuar su accionar al Código Procesal Penal. El fallo puede ser apelado.