El Gobierno nacional oficializó este jueves la salida de Juan Alberto Pazo como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La renuncia fue comunicada por el propio funcionario al ministro de Economía, Luis Caputo, y quedó formalizada con su publicación en el Boletín Oficial.
A través del Decreto 890/2025, el Poder Ejecutivo aceptó la dimisión de Pazo, efectiva desde el 18 de diciembre, y designó en su lugar a Andrés Edgardo Vázquez, quien hasta ahora se desempeñaba como titular de la Dirección General Impositiva dentro del mismo organismo.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la decisión responde a la voluntad de Pazo de regresar al ámbito privado, aunque continuará colaborando con la cartera económica en iniciativas vinculadas al fortalecimiento del sector productivo y el crecimiento económico.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Caputo, también incluyó la aceptación de la renuncia de Vázquez a la DGI para habilitar su nombramiento como máxima autoridad de ARCA, en lo que el Gobierno define como una transición ordenada y de continuidad.
En el balance oficial de la gestión saliente, destacaron que durante el paso de Pazo por ARCA se impulsaron reformas estructurales como la simplificación de regímenes informativos, el IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal.
Caputo, a través de sus redes sociales, elogió al funcionario saliente y lo definió como “una pieza fundamental del equipo económico”, resaltando su honestidad, capacidad de gestión y profesionalismo.
El nuevo titular del organismo llega con un perfil técnico y una extensa trayectoria en el área fiscal. Vázquez es licenciado en Administración y contador público, con más de tres décadas de experiencia en el Estado y formación especializada en control financiero, prevención del lavado de activos y lucha contra el fraude.
Vázquez, con más de 35 años de carrera dentro de la ex-AFIP, asumirá formalmente el cargo el 18 de diciembre para completar un período legal. Previamente se desempeñaba como titular de la Dirección General Impositiva, puesto al que había llegado por decisión directa del presidente Javier Milei.
La controversia se reactivó a partir de investigaciones periodísticas que revelaron que el flamante titular de ARCA habría adquirido al menos tres inmuebles en Miami, valuados en más de 2 millones de dólares, a través de sociedades offshore que no figurarían en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
Según la documentación, una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas controlaba firmas en Panamá que funcionaron como vehículo para la compra de los condominios en Estados Unidos. Además, consta que entre 2014 y 2018 Vázquez habría abonado impuestos de esas propiedades con cheques a su nombre, pese a no haberlas declarado en la Argentina.
No se trata del primer antecedente judicial. En 2011 fue denunciado por la presunta existencia de cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo por más de 440 mil dólares, que no habrían sido informadas al fisco. Esa causa finalizó con su sobreseimiento en 2022, luego de que la Justicia no lograra obtener cooperación internacional para confirmar la operatoria.
Tras la publicación de estos hechos, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió una averiguación administrativa. En paralelo, el funcionario logró desplazar al fiscal que llevaba adelante una de las investigaciones, y la causa quedó radicada en otro juzgado federal.
Dentro del propio Gobierno, su ascenso generó incomodidad y ruido interno. Su designación previa en la DGI se concretó con un decreto firmado por Milei y Patricia Bullrich, sin la intervención del jefe de Gabinete ni del ministro de Economía, y en medio de tensiones que terminaron con la salida de la entonces titular del organismo recaudador.
Con este trasfondo, la llegada de Vázquez al frente de ARCA suma un nuevo foco de atención política y judicial sobre uno de los organismos clave del esquema económico del Gobierno.