El Gobierno ha oficializado las reformas en el registro automotor, anunciando cambios significativos en el sistema. Esta medida fue confirmada mediante dos resoluciones que aparecieron en el Boletín Oficial, y se estima que estas modificaciones generarán un ahorro para la población de $36.000 millones anuales.
Entre las reformas, se incluye la reducción de aranceles para la compra y venta de automóviles, la creación del Legajo Digital Único (LDU) y un nuevo Certificado Digital que se usará en las transacciones. Estas disposiciones fueron adoptadas a través de las resoluciones 272/2024 y 273/2024, publicadas este lunes.
Adicionalmente, se ha establecido un tope para las ganancias de los registros. Según el comunicado del Ministerio de Justicia, el arancel para las transferencias se reduce al 1%, y se eliminan los costos relacionados con la emisión de cédulas de identificación automotor, títulos, chapas, patentes, y la certificación de hasta dos firmas.
La reforma permitirá un ahorro de $36.000 millones anuales para la población, además de avanzar en la digitalización de los legajos automotores, reemplazando la anterior documentación en papel. El Ministerio de Justicia ha calculado un ahorro adicional para la administración pública de $1.300 millones mensuales.
El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, destacó que estos cambios son un paso significativo hacia la modernización del sistema de registros automotores, eliminando obstáculos burocráticos y fomentando la competencia entre oficinas registrales. Gracias a la digitalización del proceso de patentamiento y transferencia de vehículos, los ciudadanos podrán elegir cualquier Registro Automotor para realizar sus trámites, sin estar limitados a una jurisdicción específica.
Además, el ministro mencionó que se bonificará al usuario el título, la cédula verde, la patente y las dos firmas certificadas. Esta medida aplica tanto para vehículos de industria nacional como importados. Cúneo Libarona sostuvo que “como resultado, regresan al bolsillo de los argentinos más de $36.000 millones de pesos por año. También afirmó que “a partir de ahora, los argentinos son libres de decidir en qué registro automotor realizar sus trámites, el Estado ya no los obliga a ir a uno específico”.