La oposición logró sancionar por dos tercios una ley que incrementa en un 8,1% los haberes jubilatorios y que introduce una nueva fórmula de movilidad, en un nuevo revés parlamentario para el Gobierno en menos de una semana. Esta iniciativa pone en jaque el equilibrio fiscal del presidente Javier Milei, quien ya adelantó que podría vetarla, aunque el apoyo mayoritario del Congreso podría suponer un costo político significativo y condicionar los planes de su administración.
Después de más de cinco horas de debate, el Senado aprobó el proyecto con 61 votos a favor, 8 en contra y sin abstenciones. Un dato relevante es que todos los senadores de Pro, excepto la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, apoyaron la iniciativa opositora, mientras que los siete senadores de La Libertad Avanza votaron en contra.
El proyecto de ley que establece la nueva fórmula jubilatoria y el aumento del 8,1% fue aprobado en general y en particular, con la ausencia de tres senadores, incluida la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien estuvo presente durante gran parte del debate pero se ausentó al momento de la votación.
El presidente Milei, que había expresado previamente su intención de vetar el proyecto si se convertía en ley, retuiteó durante la sesión un mensaje del subsecretario de prensa, Javier Lanari, en el que se reiteraba que el equilibrio fiscal es fundamental para el plan económico y que cualquier ataque a este sería vetado. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también adelantó que el Gobierno vetaría la ley si se aprobaba tal como estaba en el despacho de comisión, argumentando que el Estado no está en condiciones de asumir el incremento propuesto.
A pesar de la amenaza de veto, el Congreso podría insistir en la aprobación de la ley si se alcanzan los 2/3 de los votos en ambas Cámaras.
Durante el debate, el senador Mariano Recalde (Unión por la Patria) afirmó que el sistema previsional argentino está en crisis y que aprobar esta ley es un acto de justicia y reparación, mientras que el diputado Martín Lousteau (UCR) defendió la iniciativa como una medida de justicia mínima, argumentando que desde 2017 los haberes jubilatorios han perdido un 45% de su poder adquisitivo.
Por su parte, el senador Bruno Olivera Lucero (La Libertad Avanza) presentó un dictamen de minoría para eliminar ciertos artículos del proyecto, mientras que la senadora Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) respondió a las amenazas de veto de Milei, calificándolo de "degenerado social" por la situación de pobreza e indigencia que se ha generado durante su gobierno.
El proyecto aprobado modifica la fórmula de movilidad jubilatoria, atándola al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y a los salarios promediados en el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), con actualizaciones semestrales y un aumento adicional anual en marzo.