El intendente aseguró que iniciará pasos formales para avanzar con la municipalización del complejo de balnearios de Punta Mogotes, y advirtió que podría presentarse ante la Justicia en caso de una negativa por parte del gobierno bonaerense.
Guillermo Montenegro confirmó que dará el primer paso para concretar el pago de la deuda que la Municipalidad de General Pueyrredon, que contrajo en 1984 por un déficit y que arrastra desde entonces. En aquel momento, Punta Mogotes pasó a estar controlado un 70% por la Provincia de Buenos Aires mientras que Mar del Plata solo tiene un 30%. La municipalidad buscará pagar 14 millones de pesos a la provincia y así recuperar los balnearios del sur como “cancelar la existencia” de la actual administración.
“Nuestro objetivo principal es recuperar Punta Mogotes para todos los marplatenses y espero que haya un acompañamiento como corresponde. Quiero que Punta Mogotes vuelva a brillar, esto tiene que ver con que se generen inversiones, generar trabajo de calidad para los marplatenses, estoy convenido que tenemos que ser los marplatenses quienes decidamos cómo queremos que sea esta zona”, añadió el jefe comunal.
Punta Mogotes tiene una extensión de tres kilómetros de costa que son administrados por la Provincia, lo cual no sucede en otros puntos de la costa bonaerense. En caso de recuperar el punto sur de la ciudad, se creará un convenio de Administración de Punta Mogotes.
“Vamos a intimar a la Provincia a que en 15 días acepten nuestro pago, que se hace (la intimación) a través de una carta documento”, aclaró Montenegro. En caso que no haya una respuesta favorable de parte del gobierno de Axel Kicillof, el intendente adelantó que recurrirá a la vía judicial.
Montenegro no dejo pasar la oportunidad para hacer especial énfasis en que todos los espacios políticos en diversos momentos han presentado proyectos para lograr la municipalización de Mogotes, en referencia clara a Unión por la Patria y Acción Marplatense.
En su discurso, hizo una descripción sumamente negativa del actual momento del complejo, que al igual que ocurre con las playas municipales, tiene una administración estatal pero una concesión de balnearios en manos de privados. Esas concesiones vencen en 2026, de allí el apremio con la iniciativa. “Hoy es un lugar lleno de carpas, abandonado, estancado y triste. Queremos que sea un espacio de encuentro que crezca junto a la región”, concluyó.