El Gobierno ha decidido derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 2021, emitido durante la gestión de Alberto Fernández, que obligaba a los ministerios y organismos del Estado a contratar sus pólizas de seguros exclusivamente con Nación Seguros. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, tras el estallido de un escándalo de corrupción que involucra al expresidente.
El DNU 823, que fue firmado el 2 de diciembre de 2021 por el entonces jefe de Gabinete Juan Manzur y el exministro de Economía Martín Guzmán, establecía que las entidades estatales debían contratar seguros a través de Nación Seguros S.A. en todas las ramas en las que esta compañía opera. Sin embargo, la administración actual, encabezada por Javier Milei, ha decidido poner fin a esta disposición.
Además, el decreto derogatorio incluye la anulación de otros decretos relacionados: los decretos 1187/12, 1189/12 y 1191/12. Estas normativas obligaban a la administración pública a operar exclusivamente con el Banco Nación para el pago de haberes, a utilizar los servicios de YPF para la provisión de combustibles, y a adquirir pasajes aéreos exclusivamente a través de Aerolíneas Argentinas, Austral y otras aerolíneas vinculadas.
La decisión de derogar estas normativas se enmarca en el Decreto 70/23, que declaró la emergencia pública en diversas áreas y estableció un programa de desregulación económica. Según el nuevo decreto, las empresas en las que el Estado Nacional sea accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrán recibir ventajas en la contratación o compra de bienes y servicios.
El Escándalo de los Seguros
El escándalo que motivó la derogación del DNU 823 estalló el 29 de febrero de este año, cuando Alberto Fernández, su amigo y corredor de seguros Héctor Martínez Sosa, y el exdirector de Nación Seguros Alberto Pagliano fueron imputados por el fiscal Ramiro González. La causa, que investiga posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos, ha puesto bajo la lupa los antecedentes y las contrataciones realizadas bajo el decreto de 2021.
La investigación también alcanzó a María Cantero, exsecretaria de Alberto Fernández y esposa de Martínez Sosa, quien fue acusada de haber realizado gestiones para que su esposo fuera designado como intermediario en la contratación de pólizas para diversas áreas gubernamentales.