El gobierno de la ciudad, liderado por Jorge Macri, ha decidido tomar acciones legales contra los manifestantes arrestados, exigiéndoles que cubran los costos de los daños ocasionados al Congreso, estimados en unos 300 millones de pesos.
En una reciente conferencia de prensa, Macri reveló que además de las acciones penales en curso, se están iniciando demandas civiles para recuperar los gastos económicos.
Hizo hincapié en la importancia de mantener el orden público y no tolerar actos vandálicos, mencionando un gasto adicional de 21 millones de pesos destinados a compensar a comerciantes afectados por robos y destrozos durante las protestas.
Estas declaraciones se dieron en el contexto de la presentación de un nuevo plan hidráulico y tras la reciente aprobación en primera instancia de la Ley Bases y del paquete fiscal en el Senado.
Macri condenó los intentos de interrumpir el funcionamiento normal de las instituciones gubernamentales, comparándolos con incidentes similares ocurridos en diciembre de 2017.