El presidente, Javier Milei, le delegó al ministro de Economía, Luis Caputo, el control de los fondos fiduciarios y además le encomendó realizar una auditoría integral de gestión de los recursos, a través del Decreto 215/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial. El documento oficial designó al Ministerio de Economía “como fiduciante en representación del Estado Nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios”. En los casos en los que el Congreso de la Nación “haya designado como fiduciante a un organismo o repartición específica diferente del Ministerio de Economía, o a un comité de integración plural, con carácter previo al dictado de cualquier instrucción al fiduciario deberá emitir opinión el citado Ministerio”. A su vez, el Ejecutivo le encargó una auditoría de todos los fondos a la cartera económica, al determinar que “con la asistencia de la Sindicatura General de la Nación, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Presidencia de la Nación, o mediante la contratación de consultores independientes externos de reconocida trayectoria y experiencia, en los términos de la legislación vigente, deberá realizar, dentro del plazo de 60 días a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente medida, una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional”. Dicho Decreto firmado por Millei, Caputo y el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, precisó que “el Ministerio de Economía podrá prorrogar este plazo por otro similar y por única vez”. En el Decreto se dispuso que el Palacio de Hacienda quedará a cargo de realizar cuando corresponda, “las adecuaciones contractuales que resulten necesarias con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto”, siendo “la autoridad de aplicación del presente decreto y dictará las normas aclaratorias y complementarias que fueran necesarias para su ejecución”. Además, se especificó que “los organismos y reparticiones con responsabilidad primaria en las materias involucradas en cada uno de los fondos fiduciarios objeto de la presente medida deben prestar colaboración y asistencia al Ministerio de Economía, a los fines del mejor cumplimiento de las disposiciones y fines del presente decreto”.
Al argumentar la decisión, el Gobierno aseveró en los considerandos sobre “la eficiencia y la eficacia en la utilización de los recursos públicos” e hizo mención al informe de Entrega y Recepción elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre los fondos fiduciarios. En aquel trabajo se denunció que “se ha observado la inexistencia o desactualización de los procedimientos administrativos que definen la operatoria de funcionamiento de cada fondo fiduciario; las políticas generales a ser abordadas; los mecanismos para la formalización de expedientes y documentación de respaldo de las decisiones; las responsabilidades sobre el seguimiento y control de beneficiarios; los sistemas de información sobre el estado de ejecución y avance de obras, entre otros”. Además, el texto oficial expresó que “del mismo Informe surge la ausencia o falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo de los procesos de otorgamiento de fondos, lo que dificulta garantizar la transparencia y trazabilidad de las actuaciones y, por lo tanto, las tareas de control y fiscalización sobre la asignación de recursos”. Al respecto, indicó que “se ha verificado la inacción y/o demora en las actividades de recupero y gestión de morosidad o incobrabilidad ante incumplimientos de los beneficiarios, así como debilidades en el proceso de compras y contrataciones, falta de seguimiento y demoras no justificadas”.