Legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados expusieron este jueves sus argumentos para la denuncia contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti son las cuatro personas acusadas de desempeñar erróneamente su labor profesional.
Luego de los argumentos, la comisión se volverá a reunir el próximo jueves cuando se votara la admisibilidad de los pedidos de juicio político, para lo cual el oficialismo tendrá permitido imponer su alegato con la mayoría que está en el grupo parlamentario, de 16 sobre 31 miembros.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), notificó que el jueves "se analizará cuáles serán los pedidos de juicio que serán admisibles" y dijo que luego de esa votación se podrá abrir el sumario para la recolección de pruebas.
El vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica), pidió que los cargos contra cada juez sean sometidos a una votación por separado y no en conjunto para que exista la posibilidad de marcar las diferencias que pudieran presentarse.
El pedido de juicio político por parte del Frente de Todos fue argumentado por el diputado Eduardo Valdés, quien denunció a los ministros Rosatti, Rosenkratz, Maqueda y Lorenzetti de violar la Constitución y no tener "idoneidad" debido a la sentencia sobre coparticipación; de haber restituido una ley derogada del Consejo de la Magistratura, de querer aplicar la ley del 2x1 en un caso de lesa humanidad y el manejo de la obra social.
En la misma línea, el legislador del Frente de Todos observó que, según el artículo 112 de la Constitución Nacional, los miembros de la Corte "deben administrar justicia bien y legalmente".
Valdés ejemplificó su acusación de mal desempeño con el fallo que el máximo tribunal dictó a favor de la Ciudad de Buenos Aires. “Distribuyeron recursos públicos violando el artículo 128 de la Constitución Nacional al no convocar a los gobernadores", sostuvo.
El diputado consideró que "es incomprensible que la Corte ni siquiera haya contestado a los gobernadores de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Misiones, La Pampa, Entre Ríos y Tierra del Fuego que se presentaron como amicus curiae del tribunal".
En tal caso, cuestionó la decisión del máximo tribunal de no escuchar a los gobernadores y preguntó si la respuesta tiene que ver con la relación de Rosatti con Horacio Rodríguez Larreta, quienes estarían conectados a través de Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro.
Asimismo, remarcó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió “asignar recursos públicos, según su propio criterio, asumiendo funciones que la misma solo autoriza al parlamento”.
La diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, aseguró que el pedido de juicio político contra Lorenzetti pertenece a su bloque, el cual data de 2017 y fue presentado por Elisa Carrió.
"En ese momento nosotros éramos gobierno y no fue acompañado por el presidente Mauricio Macri ni su ministro de Justicia, Germán Garavano", recordó además de destacar el respeto de sus compañeros de otros bloques que conforman el partido Juntos por el Cambio.
En consonancia, Oliveto sostuvo que el pedido de enjuiciamiento "no responde a ninguna motivación de presionar a la Corte Suprema ni es un factor de extorsión".
La diputada oficialista María Rosa Martínez, precisó que el enjuiciamiento "tiene que ver con el manejo de la obra social del Poder Judicial e incluye el mal desempeño y la posible comisión de delito de malversación".
"Desde el año 2008, en el que a partir de una acordada se determinan una serie de atribuciones que tienen que ver con el control de la misma por parte de la Corte, surgen faltas graves en auditorias, vacancias en el directorio y nombramientos, entre otras cuestiones", detalló.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, Claudia Rocca, aseguró que en el marco de "la multisectorial por la democratización" de la Justicia presentó en 2022 "un pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema fundado en 10 hechos de la causal de mal desempeño". En tal caso, señaló que una de esas denuncias está basada en una investigación de "El Destape", según la cual Rosenkratz "había intervenido en 56 fallos, siendo parte en el mismo clientes de su estudio jurídico, lo cual viola la garantía de imparcialidad".
Las denuncias están firmadas también por la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien explicó que el pedido de juicio político a la Corte "llega muy tarde" , además de considerar que los magistrados causaron mucho daño.
En el caso del representante de la Asociación Civil por la Exigibilidad por los Derechos Sociales, Federico Méndez, denunció a Rosenkrantz y a Lorenzetti, “por haber manipulado un expediente judicial y haber utilizado información privilegiada, mediante una maniobra ilegal".
La exdetenida desaparecida durante la dictadura, Patricia Isasa, señaló que su solicitud tiene el objetivo de que "no castiguen a Rosatti por la conducta incompatible con el cargo", sino que su búsqueda "en pos de una Justicia proba que se comprometa con la protección de los intereses públicos".
"Soy argentina, amo este país y nos merecemos gente proba en la Corte", manifestó.
Ricardo La Greca, también justificó su presentación: "Solo las pruebas condenan, no los jueces. Si un juez no permite producir la prueba eso es corrupción y si además actúa como defensor de los intereses de los encartados, el resultado es la total impunidad de los delincuentes".
El abogado Pablo Llonto, otro de los denunciantes, justificó su petitorio al decir: "Uno de los problemas en la Corte es Horacio Rosatti. La inactividad de la Comisión Interpoderes envía un mensaje y es que no se hagan problema si los juicios son lentos. Los juicios de lesa humanidad merecen la mayor celeridad".