El enviado especial del Alto Comisionado de la ONU en Perú, Christian Salazar Volkmann, solicitó este viernes información al Gobierno peruano sobre las medidas realizadas para evitar las muertes en las protestas que tienen lugar en varios puntos del país.
"Hemos lamentado las muertes y los heridos que se han producido y hemos pedido información sobre qué está haciendo el Gobierno para evitar que estas muertes y heridos se repitan", explicó Salazar a los medios tras reunirse con el primer ministro, Alberto Otárola.
En paralelo, la Defensora del Pueblo notificó este viernes que durante el día de ayer fallecieron dos personas en las ciudades de Macusani, en la región Puno y en Arequipa, como consecuencia de los enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Hasta la noche del jueves, solo se había confirmado una defunción y la entidad solo registraba 44 muertos, 43 de manifestantes y un policía desde el inicio de las movilizaciones el 7 de diciembre, con la destitución en encarcelamiento del entonces presidente Pedro Castillo, a quien sucedió Dina Boluarte en su condición de vicepresidenta.
En un pronunciamiento junto con ministros de Estado, Boluarte precisó que los actos de violencia en el marco de las protestas sociales en Lima y otras regiones del país no quedarán impunes. Asimismo, reiteró: "No me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo, no me voy a cansar de decirles trabajemos en la mirada que el país necesita, la solución de agua, salud, educación, agricultura, cuidar la zona ganadera, más puentes, más carreteras, y que los niños empiecen clases con internet".
Para voceros gubernamentales, la oposición es liderada por "azuzadores profesionales" con vínculos con el extremismo, el narcotráfico, la minería ilegal y el expresidente boliviano Evo Morales, interpretación que causa malestar entre los opositores. Los manifestantes aseguran que son ciudadanos postergados que exigen integración, respeto para sus derechos, mejores posibilidades económicas y que no se les reprima con el exceso de fuerza del que ya habló incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dirigentes cívicos dijeron que se mantendrán en sus protestas hasta que Boluarte dimita y abra paso a un proceso electoral para este mismo año.