A pocos días de que el Senado de la Nación trate el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) presentó una nota formal en la que solicita mantener el beneficio para los usuarios residenciales y advirtió sobre las consecuencias económicas que podría generar una eventual quita en ciudades como Mar del Plata.
La entidad fundamentó su planteo en datos elaborados por su Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE), que reflejan un escenario complejo para la actividad comercial local.
Según el relevamiento realizado durante abril de este año, las ventas minoristas registraron una caída interanual del 2,6% medida en unidades físicas. Además, casi la mitad de los comerciantes consultados aseguró que su situación económica empeoró respecto al año pasado, mientras que más de siete de cada diez consideran que el contexto actual no favorece nuevas inversiones.
Desde UCIP sostienen que cualquier incremento en las facturas de gas de los hogares tendría un efecto directo sobre el consumo. Argumentan que, al destinar una mayor parte de sus ingresos al pago de servicios, las familias reducen sus gastos en comercios de cercanía.
El presidente de la entidad, Blas Taladrid, señaló que el pedido no apunta a discutir la política energética nacional, sino a que los legisladores tengan en cuenta la realidad económica que atraviesa el sector comercial al momento de votar.
La organización recordó que desde hace cinco años impulsa la extensión del régimen de Zona Fría a actividades comerciales e industriales, entendiendo que los costos de calefacción también impactan sobre las pequeñas y medianas empresas y terminan trasladándose a los precios finales.
En la presentación realizada ante el Senado, la entidad remarcó que alrededor de 250.000 hogares marplatenses acceden actualmente al beneficio, por lo que cualquier modificación podría tener un efecto significativo sobre la economía local.
Asimismo, indicaron que ya habían advertido durante 2025 sobre las consecuencias que tendría una reducción de la bonificación tarifaria y reiteraron que la prioridad debe ser sostener el poder adquisitivo de las familias para evitar una mayor retracción del consumo.
Desde UCIP insistieron en que la continuidad del régimen resulta clave para preservar la actividad económica, el empleo y la competitividad de los comercios y pymes de la ciudad.