El Municipio de General Pueyrredon presentó una medida cautelar para intentar dar previsibilidad sobre el futuro de Punta Mogotes y reclamar que cualquier decisión vinculada al complejo cuente con participación local antes de avanzar.
Tras la presentación judicial, se resolvió solicitar informes tanto al Gobierno bonaerense como a la Administración Punta Mogotes, que deberán responder en un plazo de cinco días sobre los planteos realizados.
La acción se produjo luego de que desde la Provincia se ratificara la intención de que el complejo vuelva a la órbita municipal, aunque una vez concluido un proceso previo que contempla licitaciones y obras de renovación.
Desde la administración provincial sostienen que el objetivo es concretar una transferencia con un complejo renovado, acompañado por mejoras de infraestructura y un nuevo esquema de concesiones. También adelantaron que durante ese proceso se mantendrían las concesiones actuales para preservar la actividad y los puestos laborales.
En paralelo, desde el oficialismo local y sectores que acompañan la postura municipal cuestionaron que puedan adoptarse decisiones administrativas, económicas o urbanísticas de largo plazo antes de resolver quién tendrá el control definitivo del predio.
Con este escenario, el debate por Punta Mogotes suma un nuevo capítulo: mientras la Provincia plantea una transición con obras y renovación, el Municipio busca que primero quede definido el esquema de administración antes de avanzar con cambios estructurales.